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Analisís de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 24 Noviembre 2011, ASNEF, C-468/10 y C-469/10

ADRÍAN PALMA ORTIGOSA

Hechos: Dos asociaciones, ASNEF y FECEMD, interpusieron recurso contra el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. Estas entidades consideraban que el derecho español había ido más allá de lo previsto por la Directiva 95/56 a la hora de su transposición, ya que habían previsto mayores requisitos a la hora de permitir un tratamiento amparado en la base legal del interés legítimo, concretamente, la normativa española preveía a la hora de valorar el interés legítimo que se tuvieran en cuenta el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los interesados (Aspecto en concordancia con la Directiva), pero además, la normativa española exigía que dichos datos figurasen en fuentes accesibles al público. Véase antiguo Art 10.2 b) RD 1270/2007. De esta manera, se analiza si el Estado Español se ha excedido a la hora de desarrollar este precepto.

Cuestiones claves del asunto:

  1. A) Licitud del tratamiento. Aumento de requisitos por parte del legislador nacional.

El TJUE parte de la premisa de que la Directiva 95/46 tiene por objeto equiparar el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas en relación a los datos personales en todos los Estados miembros. (FJ 28). Este objetivo se refleja en la Directiva cuando fija una lista exhaustiva y taxativa de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. (FJ 30). De ello se desprende por tanto, que los Estados miembros no pueden, ni añadir al artículo 7 de la Directiva 95/46 nuevos principios relativos a la legitimación de los tratamientos de datos personales, ni imponer exigencias adicionales como ocurre en el caso de la normativa analizada. (FJ 32)

Decisión Final:

Habida cuenta de estas consideraciones, el TJUE considera que el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes. (FJ 49)

Artículos implicados del REPD: Art 5.1 a), 6.1 f). Considerando 69.

Apartado concreto del Temario: 1.3.2.


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