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Analisís de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 22 Noviembre 2012,Probst, C-119/12

ADRÍAN PALMA ORTIGOSA

    

Hechos: Un ciudadano deja de pagar los pagos mensuales derivados de un contrato de prestación de servicios de internet, para ello, la empresa prestadora del servicio cede su derecho de crédito a una entidad tercera a través de un contrato de factoring. Así, fruto de ese contrato de factoring, ambas empresas establecen un acuerdo de confidencialidad relativo a la posibilidad de compartir y tratar dichos datos entre las empresas contratantes con los fines previamente fijados. (Véase FJ 12). El ciudadano no pagador impugna ese acuerdo por entender que es contrario tanto a la norma interna de su país, como la Directiva 2002/58 relativa al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas.

Cuestiones claves del asunto: OJO. Se analiza la Directiva 2002/58. A) Licitud del tratamiento de datos por parte del cesionario:

Para el TJUE, del contenido de la Directiva 2002/58 se desprende que el proveedor de servicios (cedente) está autorizado a transmitir datos de tráfico al cesionario de sus créditos con vistas al cobro de éstos, y que éste está autorizado a tratar tales datos siempre que dicho cesionario: (FJ 19)

  • En primer lugar, actúe «bajo la autoridad» del proveedor de servicios al ser considerado el encargado del tratamiento.
  • en segundo lugar, se limite al tratamiento de los datos de tráfico necesarios a efectos del cobro de los créditos. (FJ 19).

El término “bajo autoridad” habrá que entenderlo como referido a aquella persona que actúa bajo las órdenes y el control de dicha autoridad, en este caso el proveedor de servicios (cedente). (FJ 21)

De esta manera, el TJUE indica que a la hora de valorar si este contrato de factoring y en concreto el acuerdo de privacidad establecido por el cedente y el cesionario cumple con las exigencias de la Directiva 2002/58, el tribunal nacional ha de comprobar que el proveedor de servicios (responsable del tratamiento) dispone de un poder de control efectivo que le permita verificar que el cesionario de los créditos (encargado del tratamiento) cumple los requisitos que la normativa les exige por llevar a cabo el tratamiento de datos de tráfico. (FJ 23 y 25). En este sentido, de las consideraciones que realiza el TJUE a lo largo de la sentencia, se desprende que en este caso en concreto dicho contrato de factoring y el acuerdo de privacidad establecido parece cumplir las exigencias de la Directiva 2002/58 (FJ 28).

Decisión Final: De esta manera, las disposiciones de la Directiva 2002/58 deben interpretarse en el sentido de que permite al proveedor de servicios (cedente) transmitir datos de tráfico al cesionario con fin el de cobrar tales créditos, y de que permite a dicho cesionario tratar esos datos, siempre que el cesionario, en primer lugar, actúe bajo la autoridad del proveedor de servicios al encargarse del tratamiento de los referidos datos y, en segundo lugar, se limite al tratamiento de los datos de tráfico necesarios a efectos del cobro de los créditos cedidos (FJ 29)

Artículos implicados del REPD: Considerando 173, Art 21.5 y 95. Apartado concreto del Temario: 1.12.4, 1.14.1 y 1.14.2


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