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Analisís de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 7 Noviembre 2013, IPI, C-473/12

ADRÍAN PALMA ORTIGOSA

    

Hechos: Un organismo profesional (IPI), a fin de investigar infracciones de la deontología de una profesión regulada, contrata los servicios de un detective privado para que este último investigue si determinadas personas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios realmente lo son. Se pone en cuestión si la obtención de dicha información que contiene determinados datos personales por parte de estos detectives privados ha vulnerado el contenido de la Directiva 95/46. Concretamente se pretende dilucidar si entre las excepciones que prevé la Directiva a la hora de permitir la obtención de información sin comunicación del interesado, están comprendidas las actuaciones de los detectives privados.

Cuestiones claves del asunto:
A) Concepto de datos. Datos obtenidos por un detective

De entrada, es preciso señalar que unos datos que recaban los detectives privados en relación a unas personas que actúan como agentes inmobiliarios constituyen datos personales a efectos de la Directiva 45/96 dado que afectan a personas físicas identificadas o identificables. Además, su recogida, conservación y transmisión por un organismo regulado como el IPI o por los detectives privados que actúan por cuenta de éste presentan, por consiguiente, el carácter de tratamiento de datos personales en el sentido del Art 2 d) de la mencionada Directiva (FJ 26)

  1. B) Posibilidad de establecer excepciones del deber de informar al interesado establecido en la Directiva

Se parte de la premisa de que, según lo establecido en el Art 13.1 de la Directiva, (artículo que regula las excepciones y limitaciones al derecho a la protección de datos), resultan dos aspectos básicos:

  • Los Estados no están obligados a establecer excepciones a ese deber de información de los interesados.
  • Pero a su vez, los Estados son libres de establecer distintas medidas legales que en parte limiten tal deber de información del responsable en favor del interesado. De esta manera, del contenido de dicho precepto se extrae que el legislador pretendió dejarles la opción a los EEMM de decidir si –y, en su caso, en relación con qué objetivos– desean adoptar dichos estados las medidas legales para limitar concretamente el alcance de las obligaciones de información del interesado. (FJ 32 y 37)
  1. C) Alcance de dichas excepciones en relación a la figura del detective privado

Por tanto, permitida la posibilidad de que los Estados puedan establecer excepciones al deber de información en favor del responsable de los datos en caso de que no haya existido consentimiento respecto de los interesados. Se analiza ahora sí, la actividad de detective privado que actúa bajo las órdenes de un organismo regulado como el IPI, está comprendida en el ámbito de aplicación de las excepciones establecidas en el artículo 13, apartado 1, letras d) y g), de la Directiva. Así, teniendo en cuenta el tenor literal del Art 13 d), se ha de entender que dado que la profesión de agente inmobiliario constituye una profesión regulada en Bélgica y que el IPI es un organismo profesional encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en cuestión, investigando y denunciando las infracciones de dicha normativa. FJ 42. Hay que entender que dicha actividad está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha excepción. (FJ 43).

De manera que lo esencial aquí es comprobar si el Estado regulo o no dichas excepciones, así:

  • Si un Estado miembro decidió transponer la excepción establecida en el citado artículo 13, apartado 1, letra d), el organismo profesional afectado y los detectives privados que actúan para él pueden invocarla y no están sujetos a la obligación de informar al interesado establecida en los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46. (FJ 45)
  • Por el contrario, si el Estado miembro no estableció dicha excepción, los interesados deben ser informados del tratamiento de sus datos personales, según las modalidades y en particular lo contenido en los artículos 10 y 11 de la Directiva. (FJ 46)

Decisión Final: Por tanto, según el TJUE, los Estados miembros pueden establecer que un organismo profesional regulado como el IPI, pueda, solo o con la ayuda de detectives privados, investigar eventuales infracciones de las normas de deontología –incluidas infracciones resultantes de actuaciones de personas que no cumplieron las normas relativas al acceso a la profesión– al estar cubierto por dicha excepción. (FJ 51)

La actividad de detective privado que actúa para un organismo profesional a fin de investigar infracciones de la deontología de una profesión regulada –en el presente caso, la de agente inmobiliario– está comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el artículo 13, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46. (FJ 53)

Artículos implicados del REPD: Art 23.1 g) (Excepciones a la obligación de informar), Art 14 , Art 12.

Apartado concreto del Temario: 1.5.7 Excepciones y 1.5.1 Transparencia e información.


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