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Analisís de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 13 Mayo 2014, Google Spain y Google, C-131/12

ADRÍAN PALMA ORTIGOSA

   

Hechos: Un ciudadano (Señor Costeja) presentó una reclamación ante la AEPD para que esta última y de acuerdo a sus potestades:

    • A) Obligara al periódico La Vanguardia a eliminar o en su caso modificar una publicación que aparecía en dicho diario sobre este ciudadano.
    • B) Exigiese a Google Spain o a Google Inc. que eliminaran u ocultaran sus datos personales con el objetivo de que dichos datos dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y no pudieran vincularse a los enlaces de La Vanguardia.

La AEPD en su resolución no admitió la petición del Señor Costeja respecto al periódico la Vanguardia, pero sí en cambio en relación a Google Spain. De esta manera, la AEPD consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puedan lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona. Esta resolución fue recurrida por parte de Google ante la Audiencia Nacional siendo este último órgano judicial el que plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE.

Cuestiones claves del asunto:
A) Tratamiento de datos. Moto de búsqueda

La actividad llevada a cabo por los motores de búsqueda ha de ser considerada como tratamiento de datos conforme a la Directiva 95/46. (FJo 27 y 28).

  1. B) Responsable. Motor de búsqueda

El gestor del motor de búsqueda es quién determina los fines y los medios de esta actividad y, además, es el que lleva a cabo el tratamiento de datos personales, por consiguiente, debe considerarse responsable a efectos de la Directiva 95/46. (FJ 33). Es una interpretación amplia de la definición de responsable que trata de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. FJ 34. Por tanto, el TJUE considera que Google Inc, como gestor del motor de búsqueda (Google Search) es considerado responsable a efectos de la Directiva.

  1. C) Ámbito territorial. Concepto “Dentro del Marco de las actividades”

Pues bien, una vez que el TJUE considera que Google Inc es responsable.

Se procede a valorar si la Directiva le sería de aplicación a dicho responsable aunque no se encuentre situado en la UE, pero si ostente una filial en España (Google Spain)

Para ello, el TJUE se remite a lo contenido en el Art 4.1 a) y analiza el concepto de establecimiento a efectos de aplicar esta Directiva en los casos en los que en un responsable este situado fuera de la UE. En este sentido, dicho artículo prevé la aplicación de la Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:

El tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado Miembro....

Para ello, en primer lugar analiza el concepto de establecimiento y se ayuda de lo contenido en el Considerando 19 de la Directiva. En este sentido, el TJUE llega a la conclusión de que Google Spain ha de considerarse un establecimiento a efectos de dicho precepto ya que esta última entidad se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable en España. De esta manera, una vez que Google Spain es considerado un establecimiento de Google Inc, faltaría analizar si el tratamiento que lleva a cabo el responsable (Google Inc.) se realiza en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

Así, el TJUE viene a entender que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa en el marco de las actividades de dicho establecimiento si éste está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor. (FJ 55)

Y ello es así, ya que Google Spain es una filial de Google Inc. en territorio español, y, por lo tanto, un «establecimiento» en el sentido del artículo 4.1 a) de la Directiva 95/46, sin que dicho precepto exija que el tratamiento de datos personales controvertido sea efectuado por el propio establecimiento en cuestión, sino que basta con que se realice en el marco de las actividades de éste. FJ 52. Esta interpretación del Art 4.1 a) pretende evitar que una persona se vea excluida de la protección garantizada por la Directiva, estableciéndose un ámbito de aplicación territorial particularmente extenso. (FJ 53 Y 54)

  1. D) Cancelación de datos por parte del motor de búsqueda.

El TJUE, basado en los Art 12. b) y Art 14.a) (Derecho de supresión y Derecho de oposición respectivamente) analiza si los interesados tienen derecho a que se elimine de la lista de resultados de los motores de búsqueda toda información que aparezca sobre ellos una vez que se introduce el nombre de los interesados en dichos buscadores, incluso, en aquellos casos en los que dicha información sea lícita.

Así, el TJUE considera que el tratamiento de datos personales que llevan a cabo los motores de búsqueda supone una grave injerencia para los derechos fundamentales del respeto a la vida privada y el derecho a la protección de datos de los interesados toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate (FJ 80).

Por tanto, debido a la gravedad de dicha injerencia, la mera alegación del interés económico del gestor del motor de búsqueda no puede justificar como tal, dicho tratamiento. Así, a la hora de ponderar el ejercicio de los derechos de supresión y oposición en la materia analizada se ha de tener en cuenta los intereses legítimos que ostentan los internautas a la hora de poder acceder al contenido de la información referida al interesado. En este sentido, aunque en un principio el derecho a la protección de datos y el derecho la intimidad del interesado prevalecería respecto del derecho de los internautas a obtener dicha información, habrá no obstante que ponderar cada caso en relación a distintas variantes. (FJ 81)

  1. E) Derecho al olvido

El TJUE analiza la última cuestión prejudicial que le plantea el órgano jurisdiccional nacional en relación a si del contenido de la Directiva se puede desprender un derecho del particular a exigir del motor de búsqueda la eliminación de los datos que aparecen en dicho gestor debido a que estos datos e información pueden perjudicarle o que el interesado desee que estos datos e información se “olviden” tras un determinado lapso de tiempo.

En este sentido, el TJUE señala que un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. (FJ 93).

De esta manera, y ante el ejercicio del interesado de los derechos reconocidos en el Art 12.b) de la Directiva 95/46 solicitando que la inclusión en la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, es, en la situación actual, incompatible con el Art 6.1 c) y e) debido a que esta información, habida cuenta del conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso de autos, es inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los fines del tratamiento en cuestión realizado por el motor de búsqueda, la información y los vínculos de dicha lista de que se trate deben eliminarse. (FJ 94).

De esta manera, ante tal solicitud, el gestor del motor de búsqueda deberá de valorar:

    • Si el interesado tiene derecho a que la información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre.
    • Valorar el resto de intereses legítimos en juego, concretamente, los intereses de los internautas que acceden al contenido de dicha información sobre el interesado. En estos casos será esencial entre otros aspectos a la hora de valorar este equilibrio, el papel desempeñado por el interesado en la vida pública. (FJ 99).

Decisión Final:

El TJUE considera que las actuaciones llevadas a cabo por un motor de búsqueda son consideradas tratamiento de datos, siendo en estos casos responsables de dicho tratamiento. Además, el titular de la información indexada por los buscadores puede solicitar de este último que se borre dicha información debiéndose en su caso valorarse los distintos intereses en juego que puedan estar presentes respecto de los internautas que pretendan acceder a dicho contenido.

Artículos implicados del REPD:

    • Ámbito de aplicación Territorial: Art 3 Establecimiento. Considerando 22 y 23
    • Definiciones: tratamiento de datos, Responsable. Art 4
    • Derecho de oposición. Art 21.
    • Derecho de supresión. Art 17. Considerando 65 y 66
    • Licitud del tratamiento: Art 6.

Apartado concreto del Temario: 1.2.1, 1.2.2, 1.5.2, 1.3.2


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