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Analisís de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 8 Abril 2014, Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, C-293/12 y C-594/12

ADRÍAN PALMA ORTIGOSA

   

Hechos: En el presente asunto una entidad denominada Digital Rights considera que la la Directiva 2006/24 es nula debido a que esta normativa impone a los proveedores de servicios de comunicación telefónica la obligación de conservar los datos de tráfico y localización relativos a las comunicaciones que estas empresas controlan. En este sentido, la Directiva establece como justificación para la conservación de tales datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves

Se duda por tanto de la legalidad de la medida a través de la cual esos proveedores y en base a las exigencias de las autoridades, deben de conservar los datos durante un determinado periodo de tiempo y pueden acceder a un sinfín de datos personales de gran cantidad de personas.

Cuestiones claves del asunto:

  1. A) Vulneración Art 8 CDFUE. Carácter necesario del uso del tratamiento de datos:

Para valorar la posible nulidad de la Directiva por vulneración del derecho a la protección de datos, el TJUE parte de la premisa de considerar que una regulación como la establecida por la Directiva 2006/24 es como tal una injerencia a dicho derecho fundamental (FJ 33). Ello es así porque en dicho texto legal se regula el tratamiento de datos de carácter personal (FJ 34), ya que los proveedores de servicios deben de conservar durante un tiempo determinado gran cantidad de datos personales.(FJ 36) Ahora bien, si bien es cierto que dicha injerencia ha de considerarse de gran magnitud y especialmente grave (FJ 37), se ha de valorar si dicha injerencia cumple con las exigencias previstas en la CDFUE que permitirían una limitación al derecho a la protección de datos contenido en la Carta. Habida cuenta de ello, se habrá de valorar si dicha limitación del derecho a la protección de datos respeta; su contenido esencia, el principio de proporcionalidad, y además, dicha medida analizada es necesaria y responde a un objetivo de interés general (FJ 38).

Pues bien, por lo que se refiere al contenido esencial y al hecho de valorar si dicha injerencia responde a un objetivo de interés general. El TJUE llega a la conclusión de que no se produce tal vulneración del contenido esencial en la medida que la propia normativa prevé reglas que tienen en consideración la protección de datos (FJ 40), además, el objetivo de interés general está justificado debido a que con esta Directiva se contribuye a la lucha contra la delincuencia grave y, en definitiva, a la seguridad pública. (FJ 41). (objetivos de interés general.

En relación a la proporcionalidad de la injerencia constatada, dado que esta Directiva supone una injerencia grave al derecho fundamental a la protección de datos, la facultad de apreciación del legislador de la Unión resulta reducida, por lo que el control de dicha facultad debe ser estricto (FJ 48). Así, por lo que se refiere a la cuestión de si la conservación de datos es adecuada para lograr el objetivo perseguido por la Directiva 2006/24, el TJUE considera que la Directiva puede ser una herramienta útil para las investigaciones penales. (FJ 49).

En cuanto al carácter necesario de la conservación de datos, si bien el TJUE entiende que la lucha contra el terrorismo reviste una importancia primordial para garantizar la seguridad pública y su eficacia depende en gran medida de la utilización de técnicas modernas de investigación. Este objetivo de interés general, por fundamental que sea, no puede por sí solo justificar que una medida de conservación como la establecida por la Directiva 2006/24 se considere necesaria a los efectos de dicha lucha. (FJ 51). En este sentido, la normativa que regule las injerencias de estos derechos ha de establecer reglas claras y precisas (FJ 54). Sin embargo, esta Directiva es aplicable a todos los medios electrónicos, comprendiendo así a todos los abonados y usuarios que usen tales medios, afectando por tanto a prácticamente toda la población europea. (FJ 56), todo ello, sin que se establezca ningún tipo de diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves. (FJ 57 Y 58). Además, tampoco se fija ningún criterio objetivo que permita delimitar el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos y su utilización posterior con fines de prevención de delitos (FJ 60).Por último, tampoco se garantiza la destrucción definitiva de los datos al término de su período de conservación. (FJ 67) y el control de estos dentro del territorio de la Unión. (FJ 68)

Decisión Final: El TJUE considera que la Directiva 2006/24 es inválida conforme a los términos descritos en el párrafo anterior. (FJ 71)

Artículos implicados del REPD: Se analiza la Directiva 2006/24/CE. (Actualmente Directiva 2016/136.

No obstante, puede relacionarse con los Art 5.1 c) (Minimización de datos) Art 5.1 b) (Limitación de datos)

Apartado concreto del Temario: 1.14.3 Puede relacionarse con: 1.3.5 y 1.3.4


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